España atraviesa un problema histórico en sus redes de media y baja tensión.
Según datos de las principales distribuidoras, el 83,4% de la capacidad para nuevas demandas ya está ocupada, lo que limita la conexión de proyectos industriales y frena la inversión en gran parte del país.
El mapa de saturación, publicado por los gestores de red de distribución en cumplimiento de la normativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), muestra que 36 provincias tienen sus nudos eléctricos prácticamente colapsados.
Entre ellas destacan Almería, Málaga, Burgos, Cantabria, Cuenca, Guadalajara, Girona, Álava y Vizcaya, con un 100% de ocupación, mientras que otras 26 provincias registran niveles críticos, con menos del 20% de capacidad libre.
Las principales distribuidoras —Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP— ofrecen información nudo por nudo, lo que permite conocer con anticipación dónde existe capacidad real para nuevas conexiones.
Comunidades al límite
Las regiones más comprometidas son Aragón (97%), País Vasco (99%), La Rioja (99%), Andalucía (92%) y Cantabria, ya en colapso total. En contraste, Asturias, Galicia, Canarias y Baleares son las únicas comunidades con saturación inferior al 80%.
Los nudos de la red de distribución, puntos estratégicos donde se inyecta o extrae energía, muestran márgenes prácticamente agotados. En muchos de ellos la capacidad está al 100% y en otros apenas queda un 10-20%, lo que impide nuevas conexiones y limita el desarrollo de proyectos industriales y residenciales.
El origen del problema
El colapso se debe al fuerte aumento de solicitudes de acceso a la red, tanto industriales como residenciales, que ha superado la capacidad disponible en numerosos puntos estratégicos.
Desde 2020 se han autorizado 43.000 megavatios de nueva potencia, equivalentes al consumo de “otra España entera”. Sin embargo, en 2024 se rechazaron solicitudes por 40.000 MW adicionales debido a la falta de capacidad en la red.
Debate sobre inversión y regulación
El problema no es solo técnico, también regulatorio.
La CNMC propone elevar la tasa de retribución de las redes al 6,5% a partir de 2026, frente al 5,58% actual. El sector reclama al menos un 7,5% para financiar las inversiones necesarias, mientras el Gobierno busca un equilibrio que no encarezca la factura de los consumidores.
Los datos confirman que el principal cuello de botella no está en la red de transporte de alta tensión, gestionada por Red Eléctrica, sino en la red de distribución, más cercana al consumo final.
Un reto estratégico
Superar este bloqueo será clave para garantizar el crecimiento económico, atraer nuevas inversiones y cumplir con los objetivos de transición energética que España se ha propuesto en los próximos años.
Según datos de las principales distribuidoras, el 83,4% de la capacidad para nuevas demandas ya está ocupada, lo que limita la conexión de proyectos industriales y frena la inversión en gran parte del país.
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